La multinacional estadounidense del aluminio Alcoa y los comités de empresa de Avilés y A Coruña cerraron a primera hora del miércoles 16 un preacuerdo sobre el conflicto iniciado por la empresa al plantear esta el desmantelamiento de las dos factorías y el despido de sus 686 trabajadores. Aún debe de ser ratificado por las asambleas de trabajadores.
Un preacuerdo para desmantelar Alcoa
Alcoa se compromete según dicho acuerdo a aumentar la fecha de aplicación del ERE en seis meses (30 de junio). Ese día si no ha aparecido un comprador, ejecutará 331 despidos y mantendrá operativas tan solo las fundiciones de las dos factorías. En un plazo máximo de 1 mes parará las cubas de electrólisis (donde se fabrica el aluminio primario) y la multinacional, que hasta el día de hoy no ha cumplido ninguno de sus compromisos en materia de inversiones, se compromete a provisionar 20 millones de euros a cada planta para el arranque de dichas cubas, si aparece un comprador.
De los 686 trabajadores amenazados, el preacuerdo alcanzado afecta a los 623 indefinidos (a los auxiliares y a los más de 1000 empleos indirectos que dependen de Alcoa, ni se les menciona). De estos se mantendría a 205 (91 en Avilés y 143 en A Coruña) en las fundiciones y en la torre de pasta de A Coruña y otros 150 serían prejubilados.
El resto, afectados por el cese de actividad de la electrólisis, dejarían de trabajar y seguirían cobrando su jornal mientras reciben un plan de formación por parte de la empresa. El 30 de junio de no haber comprador serían despedidos con una indemnización de 60 días por año trabajado y un extra de 10.000 euros. Según la secretaria de estado de empleo, Yolanda Valdeolivas, si no pueden ser recolocados “van a salir con una mejora significativa de su empleabilidad.”
Por otro lado la multinacional prevee 106 "posibles" recolocaciones en la factoría de San Ciprián en base a un plan de bajas incentivadas al que se podrán adherir los trabajadores de 57 años o más. Así como 44 jubilaciones para los trabajadores a partir de 53 años.
Además el preacuerdo recoge un plan de recolocación externo a cargo de Lee Hecth Harrison (empresa líder mundial en recolocación y desarrollo de talento) y un convenio especial con la Seguridad Social.
El Gobierno por su parte se "compromete a trabajar” para que todos los afectados puedan ser recolocados si no hay solución. Ante la petición por parte de los trabajadores de un compromiso gubernamental de mantener el 100% del empleo al final de los seis meses, ha dejado claro que ese compromiso “no forma parte del preacuerdo” sino que está incluido en “un anexo ajeno que no forma parte del acuerdo que va a someterse a las partes”.
Los dirigentes sindicales renuncian a la lucha
En realidad nos encontramos ante un acuerdo de las mismas características que los muchos que los dirigentes de CCOO y UGT han firmado en multitud de ocasiones. Acuerdos que contienen muchas promesas, buenas intenciones, proyectos de planes de empleo y recolocaciones, todo ello sin concretar, y cuyo resultado final ha sido siempre el mismo, las fábricas acaban cerradas, los empleos destruidos y comarcas enteras sin futuro.
Este acuerdo no resuelve absolutamente nada a favor de las plantillas y mucho a favor de la multinacional que ya ha declarado que con esta reestructuración espera ganar entre 60 y 70 millones de euros más al año. Lo único que consigue este acuerdo es aplazar una nueva negociación sobre el cierre, eso si, con la plantilla dividida al final del periodo de seis meses.
Resulta vergonzoso tener que oír de boca de los dirigentes sindicales de CCOO, UGT y USO que este es “el mejor de los acuerdos posibles," cuando en ningún momento han puesto sobre la mesa un plan de lucha serio.
A pesar del apoyo masivo de la población (más de 50.000 asistentes a la manifestación de Avilés) los sindicatos se han negado rotundamente a extender el conflicto. No se ha convocado ninguna huelga general comarcal; ni siquiera una jornada completa de huelga en las factorías, únicamente paros parciales. Nada de ocupaciones de fábrica y por supuesto se han negado a exigir la nacionalización de la empresa.
Por su parte los dirigentes de Unidos Podemos, en la práctica han compartido la "estrategia" llevada a cabo por los sindicatos. En ningún momento le han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez la nacionalización de la empresa, la única manera de salvar los puestos de trabajo.
También en este caso, Unidos Podemos está perdiendo una oportunidad de oro para levantar una alternativa frente a la derecha y el capital, con un programa realmente de izquierdas basado en la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía y así recuperar la iniciativa, reorientar su acividad hacia la lucha y la movilización y volver a convertirse en una alternativa que sea vista como la que defiende de forma consecuente, un cambio real en las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera.
Es necesario levantar una alternativa de lucha
Los trabajadores asturianos y gallegos estamos hartos de contemplar como se ha vendido toda la industria pesada a precio de saldo y se ha ido desmantelando año tras año. La minería ya no existe, los planes de reindustrialización son mentira, las térmicas están amenazadas de muerte (Naturgy acaba de anunciar el cierre en Asturias de su planta de Soto de la Barca con más de 100 despidos) y sabemos que la aplicación de este plan en Alcoa significará, sin lugar a dudas el pistoletazo de salida para una nueva reconversión industrial.
La CIG se ha opuesto a la firma del preacuerdo, pero esto es totalmente insuficiente si no va acompañado de un plan de lucha concreto.
El cierre de Alcoa supondría un desastre para miles de familias hoy y cerraría el futuro para miles de jóvenes; es necesario frenarlo. Solo hay un camino, la lucha contundente.
La disposición a la lucha de la plantilla y el apoyo masivo del resto de los trabajadores y de la población en general de Galicia y Asturias, está fuera de toda duda. Hay que defender todos los puestos de trabajo de Alcoa y el futuro industrial de comarcas en las que, además, las distintas reconversiones industriales han tenido especial incidencia.
Es urgente la convocatoria de una huelga general en Galicia y Asturias, en defensa del empleo y en la que se exija la nacionalización de Alcoa y vincular el no al cierre con la lucha por el futuro industrial de la zona y por unas condiciones de trabajo dignas en todo el sector. Al mismo tiempo, como medida de presión complementaria, los trabajadores de Alcoa deberían ocupar las dos plantas e iniciar una huelga indefinida exigiendo la nacionalización de la empresa.
Hay que decir alto y claro, no al preacuerdo. Los trabajadores tenemos la fuerza suficiente para frenar este nuevo ataque, garantizar todos los puestos de trabajo y revertir el proceso de desindustrialización que ha hundido comarcas enteras y cerrado el futuro a miles de jóvenes.
