“En la Navantia del PP, como en la Bazán de Franco, ser rojo vuelve a tener un precio”
Xaquín García Sinde, un activo marxista de El Militante desde hace casi treinta años, dirigente del Sector Crítico de CCOO en Navantia y afiliado a IU, ha visto cómo se le denegaba la habilitación necesaria para manejar información clasificada o trabajar en determinadas zonas del astillero porque el Centro Nacional de Inteligencia entiende que habilitarlo supondría “un grado de riesgo que no resulta aceptable para España”. En concreto, el CNI alega que el compañero Xaquín demostró “de obra o palabra, falta de honradez, deslealtad, falta de fiabilidad, no ser de confianza, o indiscreción”, todo esto desde el punto de vista de la seguridad nacional.
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Crónica en Televisión Ferrol (minuto 10:40)
Esta situación ha sido denunciada por el comité de empresa en una asamblea celebrada en la fábrica el martes 14 y por el propio compañero en una rueda de prensa, en la que también participaron IU, BNG y PSOE, además de la sección sindical de CCOO de Navantia-Ferrol.
A pesar de la gravedad de la acusación, el CNI no aporta ninguna prueba que la sustente, no concreta ninguna de esas supuestas obras o palabras del compañero Xaquín que supuestamente justificarían la denegación de la habilitación. Por tanto, la decisión del CNI es una total arbitrariedad, un abuso de poder impropio del Estado democrático de derecho en el que se supone que vivimos.
Toda la izquierda ferrolana coincide en considerar que este veto es un hecho muy grave porque se trata de un veto político. De hecho, la comunicación de la denegación está firmada personalmente por “El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia”, es decir, por un alto cargo político del PP. Como dijo el propio Xaquín: “En la Navantia del PP, como en la Bazán de Franco, ser rojo vuelve a tener un precio”, en alusión a los tiempos de la dictadura, cuando los trabajadores sospechosos de ser comunistas tenían prohibido el acceso a los buques militares.
El veto al compañero Xaquín García Sinde es un síntoma más de la creciente deriva autoritaria y represiva del PP: la persecución penal a trabajadores y sindicalistas (Katiana Vicens, secretaria general de CCOO de Baleares, José Antonio Oliva, miembro del comité de empresa de Navantia-San Fernando y otros dos trabajadores de esta factoría, Xesús López Pintos, dirigente de la CIG en Ferrol...), el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, las multas indiscriminadas, la criminalización de los escraches o, como se vio en las Marchas de la Dignidad del 22-M, la represión pura y dura.
El PP está recortando muchos derechos laborales y sociales conquistados tras décadas de lucha. Y, para lograr sus objetivos con comodidad, también quiere recortar los derechos democráticos y las libertades públicas. El gobierno del PP es el verdadero peligro y tiene que ser combatido sin tregua hasta hacerlo caer a través de la movilización masiva de la clase obrera y la juventud en las calles.
