Las elecciones andaluzas del 2 de diciembre han supuesto un terremoto político de gran alcance. Tras 36 años de gobierno PSOE en la comunidad andaluza, la derecha supera en votos y porcentaje a la suma del partido de Susana Díaz y a la coalición de Podemos e IU (Adelante Andalucía), y abre el parlamento a la ultraderecha de Vox que se alza con 12 escaños.

La otra nota dominante ha sido la baja participación, que alcanza un magro 58,65%, el crecimiento de la abstención, que llega al 41,35%, y de los votos nulos y en blanco que suponen el 3,78% (138.049 papeletas).

El PSOE andaluz se hunde: sólo consigue 1.009.243 votos perdiendo 400.000 papeletas respecto a 2015, pasa de 47 escaños a 33, y del 35,4% al 27,9%. Podemos más IU obtuvieron 864.000 votos en 2015, para conseguir 584.000 en 2018 y ver reducidos sus diputados de 20 a 17. En porcentaje retroceden del 21,7% al 16,2%.

En la derecha, la recomposición de fuerzas se resuelve a favor de Ciudadanos y de Vox. El PP cae de 1.064.000 votos en 2015 a 749.275 en 2018, y de 33 escaños a 26. En porcentaje del 26,7% al 20,7%. Por el contrario, Ciudadanos avanza con claridad, pasando de 368.988 votos, el 9,28% y 9 diputados en 2015, a 659.631 papeletas, el 18,27% y 21 escaños este 2 de diciembre. Pero la gran sorpresa la dio Vox. El partido ultraderechista, españolista, antiobrero, racista, machista y homófobo pasa de 18.017 votos en 2015, el 0,45%, a 395.978 sufragios, el 10,97%, y 12 parlamentarios en 2018.

En términos globales, la suma de PSOE, Podemos e IU pierden 679.697 votos, 12,41 puntos y 17 escaños en tres años. La suma de PP, Ciudadanos y VOX gana 353.711 votos con respecto a 2015, aumentan un 13,5% su porcentaje y obtienen 17 escaños más.

Cómo hemos llegado a esto

Estos resultados electorales se explican por diferentes factores. En primer lugar, por la profundidad de la crisis capitalista, con su estela de desempleo, precariedad, recortes sociales y represión. En segundo lugar, por la política del PSOE que, pese a llevar las palabras “socialista” y “obrero” en sus siglas, lleva mucho tiempo aceptando y aplicando las mismas recetas que la derecha defiende en el Estado español y en toda Europa.

En los aspectos esenciales, los dirigentes del PSOE se han plegado a las exigencias de los grandes bancos y las grandes multinacionales, llenándoles los bolsillos cuando gobernaban mientras recortaban en educación, sanidad o dependencia. Tampoco han tenido mayor problema en aprobar leyes que han permitido desahuciar a cientos de miles de familias de sus viviendas, o han mirado a otro lado frente a la violencia contra las mujeres sin atreverse a tocar a una judicatura machista que ampara a maltratadores y violadores. Han cedido ante la ofensiva del nacionalismo españolista respecto al derecho a decidir del pueblo catalán, y han respaldado las medidas represivas de un aparato del Estado heredado directamente de la dictadura franquista. Ellos tienen una gran responsabilidad en lo que ha sucedido.

Al hundimiento en diputados y votos del PSOE se suma también el varapalo que se lleva Unidos Podemos. La insistencia de los dirigentes de Podemos en renunciar a la movilización social, y sus ansias de llegar a un gobierno de coalición con el PSOE, se ha revelado como un grave error. Pablo Iglesias cosechó un gran apoyo cuando habló con claridad contra el régimen del 78, la monarquía y el sistema capitalista, y se apoyaba en la fuerza de las grandes movilizaciones sociales. Pero ahora repiten los mismos errores del pasado. Unidos Podemos se ha orientado completamente a las instituciones, olvidando que fue la lucha en las calles lo que les llevó hasta ellas. Su posición respecto a la situación en Catalunya ha sido también lamentable: mientras millones de trabajadores y jóvenes se movilizaban por la república y se enfrentaban a la represión, los dirigentes de Unidos Podemos llamaban a la calma y a pactar un “referéndum” con los mismos reaccionarios que habían enviado miles de policías y guardias civiles a golpear salvajemente a ciudadanos que ejercían pacíficamente su derecho a decidir. Esta estrategia se ha pagado duramente en las urnas y ha facilitado el avance de la reacción.

Es evidente que en las elecciones andaluzas un sector de la clase obrera ha renunciado a votar. Se mantiene escéptica y desilusionada no sólo con el PSOE, también con aquellas fuerzas del “cambio” que cuando gobiernan no cambian nada. Pero la responsabilidad de lo ocurrido no es de los trabajadores y las trabajadoras, ni de la juventud, que hemos peleado estos años en grandes movimientos como el del 15M, en la Marea Verde y la Marea Blanca, en la gran huelga general feminista del pasado 8 de marzo, en las huelgas estudiantiles convocadas por el Sindicato de Estudiantes, en la lucha ejemplar de nuestros abuelos y abuelas en defensa de unas pensiones dignas, o en las movilizaciones del pueblo catalán a favor de la república. La responsabilidad no es nuestra, sino de unos dirigentes parlamentarios de la izquierda, y unas cúpulas sindicales de CCOO y UGT muy burocratizadas, que han sido incapaces de romper con los recortes y la austeridad, con la lógica que imponen los banqueros y la CEOE y con el régimen antidemocrático del 78.

Combatir a la ultraderecha

VOX entra en el parlamento andaluz con 12 escaños, muchos más de los que le daba cualquier encuesta. Su discurso es abiertamente fascista y antiobrero, españolista, machista, homófobo y racista. El cabeza de lista por Sevilla, Francisco Serrano, es un juez suspendido dos años por prevaricación que no se ha cortado en afirmar que el feminismo es “yihadismo de género” y que uno de los problemas del país es la memoria “histérica”.

No es ningún secreto que las instituciones del Estado nunca fueron depuradas en la llamada Transición, por lo que muchos fascistas de entonces no pagaron por sus crímenes, y sus herederos actuales siguen ocupando posiciones decisivas en el ejército, la policía, la judicatura y la alta administración.

El Partido Popular siempre ha cobijado bajo sus alas a estos sectores ultraderechistas, negándose a condenar la dictadura franquista. Sin embargo, el PP está hundido en la ciénaga de la corrupción, y su política salvaje de recortes generó un gran descontento social. La crisis de la derecha, con el avance de Ciudadanos, es un reflejo de esta realidad. Tras los acontecimientos recientes en Catalunya, toda la maquinaría represiva del aparato del Estado se ha puesto en marcha alentando la ofensiva del nacionalismo españolista más rabioso. Estos factores explican el crecimiento de la extrema derecha entre sectores de las capas medias y entre trabajadores atrasados, desmoralizados y muy golpeados por la crisis, que han sido pasto de su demagogia.

Las elecciones andaluzas han puesto encima de la mesa una seria amenaza, que mañana se puede reproducir a escala estatal. Es un error hablar de una “alianza de fuerzas constitucionalistas” para frenar a la extrema derecha como hace el PSOE, o de una “alianza antifascista parlamentaria” con el PNV o los políticos burgueses catalanes como reclama Pablo Iglesias.

Desde Izquierda Revolucionaria llamamos al Frente Único de las organizaciones combativas de la izquierda, a toda la clase obrera y a la juventud, para derrotar a la derecha y al fascismo con los únicos medios que son efectivos: la lucha de masas, la huelga general, y la defensa de una alternativa socialista revolucionaria que rompa con el capitalismo.

Únete a Izquierda Revolucionaria para derrotar a la derecha y al fascismo con la movilización y la organización

Organización de comités de acción antifascistas en los centros de estudio, de trabajo y en los barrios de nuestras ciudades.

Juicio y castigo a los responsables de la dictadura franquista. Disolución de las bandas fascistas. Depuración de elementos fascistas del aparato del Estado, de la judicatura, la policía, el ejército.

¡Pensión y salario mínimos de 1.100 euros! Por la derogación de las contrarreformas laborales y de las pensiones.

Prohibición por ley de los desahucios. Por un parque de viviendas públicas que cubra la demanda existente con alquileres sociales.

Enseñanza y sanidad públicas, dignas, de calidad y gratuitas. Derogación de la LOMCE.

Contra la violencia machista, la justicia patriarcal y la discriminación de la comunidad LGTBI.

Combatir el racismo: fin de la Ley de Extranjería y de los CIEs, garantizando los derechos políticos, sociales y económicos para los inmigrantes y sus familias.

Basta de represión judicial y policial. En defensa de la libertad de expresión. ¡Fuera la Ley Mordaza!

Nacionalización de la banca y los sectores estratégicos de la economía, para rescatar a las personas y garantizar el bienestar de la mayoría.

Por el derecho de autodeterminación. Por la república socialista de Catalunya y la república socialista federal basada en la unión libre y voluntaria de los pueblos y naciones que componen actualmente el Estado español que así lo decidan.

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