Todos, principal y subcontratas, tenemos que plantarnos contra la precarización
Los trabajadores de ES-FDS, empresa subcontratada por la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) que gestiona parte del servicio de ICM, son un claro ejemplo de la precariedad que se ha ido imponiendo durante los últimos años, y del papel de las administraciones públicas como impulsoras de la misma.
Entrevistamos a Adrián Naya, miembro por CCOO del comité de empresa de ES-FDS, para que nos explique la situación a la que se enfrentan como consecuencia de la finalización del contrato con ICM.
El Militante.- ¿Cómo influye la subcontratación en la precarización de vuestras condiciones?
Adrián Naya.- Llevamos prestando servicio a ICM (ahora Madrid Digital) hace más de 15 años. Desde entonces, cada concesión que ha ganado la empresa para seguir prestando este servicio de la CAM ha supuesto una pérdida progresiva de derechos laborales, convirtiendo al personal de este proyecto en el más precario del conjunto de la empresa. La subcontratación ha servido de ejemplo para precarizar al resto de compañeros y compañeras. Ahora, ante la nueva concesión de ICM, nos enfrentamos a otra vuelta de tuerca, como ocurre en todo el sector. Al no existir la subrogación en el convenio del sector (TIC) —algo increíble en un sector donde predomina la subcontratación—, cada vez que se renuevan las concesiones nos enfrentamos a la posibilidad de perder nuestros puestos de trabajo o tener que aceptar una nueva precarización de nuestras condiciones laborales. En nuestro caso, el proyecto de ICM afecta al 40% de la plantilla. Lo peor de todo es que quien impulsa dicha precarización es la propia administración pública, en este caso la CAM, que externalizando —es decir, privatizando— precariza cada día más nuestras condiciones, al tiempo que garantiza jugosos negocios con el dinero público de todos.
EM.- ¿Qué diferencias hay con los trabajadores de ICM? ¿Cómo afecta a ambas plantillas?
AN.- La realidad de los trabajadores y trabajadoras de ICM dista mucho de la nuestra como subcontratados, lo que supone a medio plazo una amenaza para ellos. La privatización a través de subcontrataciones busca acabar con los servicios públicos, pero también impulsar la precariedad en el mercado laboral, justificando igualar a la baja las condiciones de trabajadores con mejores condiciones (ICM) con las de los subcontratados. Si prestamos el mismo servicio y hacemos el mismo trabajo, ¿no deberíamos cobrar igual?
Un aspecto clave en el caso de los trabajadores de ICM es la estabilidad en el empleo frente a la incertidumbre que padecemos nosotros al estar sometidos a concurso cada cuatro o cinco años. Esto se ve en los numerosos contratos de obra y servicio que padecemos, que en la mayoría de las ocasiones no se convierten en indefinidos, siendo esos trabajadores despedidos y recontratados, muchas veces por la misma empresa, perdiendo su antigüedad y otros derechos acumulados.
EM.- ¿Qué perspectiva tenéis de cara a hacer frente a esta situación?
AN.- Es necesario plantearnos el recuperar el servicio público, y que los trabajadores de las empresas subcontratadas nos incorporemos a la empresa pública. Esto supondría no sólo una mejora de nuestros derechos sino también del propio servicio, y la mejor forma de evitar prácticas corruptas, como ha ocurrido a través de la subcontratación en ICM o en el Canal de Isabel II, entre otros. Junto a esta reivindicación, y ante la posibilidad de perder el proyecto, planteamos luchar para que, en caso de que cambie la empresa, se lleve a cabo la subrogación de toda la plantilla manteniendo sus derechos y condiciones, incluyendo la antigüedad. Hemos contactado con el comité de empresa de ICM y con Podemos de la CAM, que nos han manifestado su solidaridad. Vamos a contactar con el resto de empresas subcontratadas de ICM para coordinarnos. La única manera de frenar esta espiral de precarización es que todos, principal y subcontratas, nos plantemos.
