El pasado 28 de agosto se formalizó la venta del matadero de SADA en Rafelbunyol (Valencia) a la compañía navarra UVESA. En este matadero, las labores de deshuesado y despiece de aves las lleva a cabo una subcontrata, Servicarne, que aporta 300 trabajadores en dos turnos para realizar únicamente estas tareas. Una de las condiciones de la compra era que Servicarne debía prescindir de la mitad de la plantilla, que al parecer había crecido en exceso. Así, el 1 de septiembre 150 trabajadores y trabajadoras se vieron en la calle sin posibilidad de recolocación en otros mataderos, sin indemnización y sin desempleo.
¿Por qué? Porque descubrieron amargamente que son socios de una cooperativa de trabajo, cotizan en el régimen especial de autónomos de la seguridad social y no tienen ninguno de los exiguos derechos que nos reconoce el Estatuto de los Trabajadores a los empleados por cuenta ajena.
La gran mayoría de los 150 son mujeres trabajadoras, con hijos pequeños, inmigrantes en origen y con una media de 13 años de antigüedad en la cooperativa. Para muchas fue su primer trabajo, y entraron en ella a través de una ETT para luego convertirse en “socias trabajadoras”. Sin la formación académica necesaria, no ha sido hasta ahora que han comprendido la diferencia entre un empleado por cuenta ajena y otro por cuenta propia.
Aunque el Consejo Rector de la cooperativa se llenaba la boca hablando de “economía social” y las instaba a que se pagaran ellas mismas la cotización adicional por desempleo y accidentes de trabajo, lo cierto es que las trabajadoras de Servicarne han desarrollado durante 15 años su trabajo en unas condiciones cercanas a la esclavitud: la jornada de trabajo supera frecuentemente las 12 horas, no tienen vacaciones retribuidas, el salario está congelado desde 2012, los accidentes laborales se encubren como accidentes domésticos, se les prohíbe usar guantes para palpar la carne cortada en busca de astillas de huesos, se les obliga a pagar su ropa y herramientas de trabajo, los ritmos de trabajo son frenéticos, y las posturas forzadas y repetitivas causan incontables lumbalgias, cervicalgias, tendinitis y el nefasto “síndrome de túnel carpiano”, entre otros. No sólo eso, en Servicarne los trabajadores tienen prohibido organizarse y elegir representantes porque “deben hacer un ejercicio responsable de su participación como socios de una empresa” y, sin embargo, se les prohíbe acudir a las asambleas generales de socios, y la entrada al Consejo Rector está abierta únicamente para una élite minoritaria de capitalistas y encargados serviles.
Es decir, por un lado se les intenta convencer de que son propietarios de una empresa y participan de sus beneficios pero por otro se les somete a unas condiciones de trabajo del S.XIX.
La realidad es que Servicarne es una tapadera legal para un floreciente negocio de cesión ilegal de mano de obra barata para las grandes compañías de la alimentación. Trabajadores que se pagan su propia cotización, trabajan más de 12 horas al día, sin vacaciones, y puedes despedirlos sin indemnización sin que te puedan rechistar. ¿Qué empresa se resistiría? ¡Y todo legal! La actual Ley estatal de Cooperativas permite que el Consejo Rector regule las condiciones de trabajo de los socios prescindiendo de todos los derechos que hemos conquistado durante décadas.
Pero esto se acabará algún día, las trabajadoras de Servicarne se encuentran ya en lucha contra la cooperativa, contra SADA y contra UVESA para conseguir que se les reconozcan los mismos derechos que a los empleados por cuenta ajena, por una Ley de Cooperativas más justa y verdaderamente social y por la desaparición de los “falsos autónomos”.
