En las últimas horas numerosos medios de comunicación ocupan sus portadas con la noticia de que el Gobierno del PSOE y los sindicatos CCOO y UGT han alcanzado un principio de acuerdo para derogar partes de la reforma laboral sin acuerdo con CEOE, algunos incluso hablan de un pacto que deroga aspectos clave de esta reforma.

La reforma laboral del PP es uno de los ataques más importantes que la clase obrera ha recibido en las últimas décadas y sus efectos están siendo devastadores para las condiciones laborales de los trabajadores. Partiendo de esta base, lo que el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT parece que han acordado, supone para millones de trabajadores una cruel ofensa.

Palabras para vender humo y apuntalar la paz social

Los aspectos acordados afectarían, principalmente, a la negociación colectiva. Han acordado que los convenios sectoriales prevalezcan sobre los de empresas en todos los temas que contienen (salario, jornada, categorías...) y que no pierdan vigencia al año de expirar su duración, es decir los convenios recuperarían la ultraactividad que perdieron en 2012.

El pacto incluye la recuperación del subsidio para mayores 52 años y la limitación a la subcontratación con la obligatoriedad de que las empresas auxiliares adopten el convenio sectorial o el de la empresa principal.

En esta representación teatral CCOO es el que está representando el papel del personaje más entusiasta, dando por hecho ya este acuerdo, mientras UGT y el propio Ministerio de Trabajo, todavía hablan de posturas muy cercanas, sin confirmar haber culminado el pacto.

Además, ni siquiera está claro ni cómo ni cuándo van a pasar a ser efectivos estos retoques a la reforma laboral. De hecho el propio sindicato CCOO, ha instado al Gobierno a que utilice "de manera inmediata" cualquier vía legal para poner en marcha estos cambios, si bien la secretaria de Acción Sindical de CC OO, Mari Cruz Vicente, mostrando una vez más el alto grado de responsabilidad y respeto que profesan en todo momento estos dirigentes sindicales a los mecanismos burocráticos del aparato del estado capitalista, ha manifestado que es consciente de que en diciembre va a ser complicado.

La reforma laboral del PP clave para un retroceso social histórico

La bancarrota de la política sindical de CCOO y UGT y su colaboración con el Gobierno del PSOE en el burdo intento de embaucar a los trabajadores, es todavía más evidente si contrastamos estos retoques con los puntos fundamentales que contiene la reforma laboral del PP, esta:

Eliminó el contrato fijo de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades, en caso de despido improcedente, por el de 33 días y 24 mensualidades.

Facilitó y generalizó el despido al considerar procedente (20 días por año y un máximo de 12 mensualidades) los despidos, individuales o colectivos, por causas económicas, entendiendo por causas económicas la disminución del nivel de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, incluso aunque la empresa tenga beneficios.

Eliminó la autorización administrativa de los EREs. Los empresarios no tienen que justificar ante la autoridad laboral los EREs. En caso de desacuerdo con el comité de empresa, prevalece la decisión patronal. Asimismo, los EREs se pueden aplicar al personal laboral de las administraciones públicas.

Las empresas pueden reducir unilateralmente los salarios para mejorar la competitividad, bajarles el sueldo a los trabajadores que considere “menos productivos” y modificar otros aspectos, como jornada, horarios, turnos, etc. Aparte de las consecuencias económicas y sociales, esta medida ha abierto las puertas a las represalias contra aquellos trabajadores más molestos para la patronal. Quien no acepta los cambios es despedido con 20 días por año con un máximo de nueve mensualidades.

Desapareció la ultraactividad de los convenios colectivos.

Se facilitó el descuelgue de los convenios colectivos por parte de las empresas. El empresario puede dejar de aplicar el convenio por causas económicas.

Prevalece el convenio de empresa sobre cualquier otro.

Se eliminó el requisito del 2’5% de absentismo global en la plantilla como causa de despido procedente, quedando solamente el absentismo del trabajador. En otras palabras, estar enfermo pasa a ser causa de despido procedente.

Los parados que cobren prestación pueden ser obligados a realizar trabajo social.

Se estableció un nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores con importantes subvenciones y exenciones fiscales para el empresario y con un período de prueba de un año, lo que significa que durante todo este tiempo puede ser despedido sin derecho a indemnización.

Se estableció la entrada de las ETTs en los servicios públicos de empleo, convirtiendo así el desempleo en otro negocio para los capitalistas.

Como hemos dicho esta reforma laboral del PP ha dejado en la indefensión a los trabajadores y extendido la miseria entre amplias capas de la clase obrera. Su objetivo era implantar el terror en las empresas e incrementar escandalosamente los beneficios empresariales a costa de los trabajadores.

Gracias a la reforma laboral el empleo precario e inestable es el predominante en el mercado laboral del Estado español, como demuestra que según los datos de la Encuesta de Coste Laboral del INE, en diciembre de 2017 el finiquito era un 63,1% más barato que en 2011: de 530 euros ha pasado a 198,87. Al empresario le sale muy barato despedir al trabajador por lo que el carácter “indefinido” de los contratos se convierte en papel mojado.

El nivel salarial se ha hundido. El 32% de los trabajadores cobran alrededor del salario mínimo interprofesional (SMI) o incluso por debajo de los 736 euros del indicador. Como una consecuencia más de esta degradación de los salarios, el fenómeno del trabajador pobre ha llegado para quedarse: más del 30% de las personas pobres tiene trabajo.

En el Estado español 12,4 millones de personas viven en riesgo de pobreza, el 26,6% de la población, y en riesgo de pobreza crónica, el 13,5%. En el último período, seis millones de personas se han recuperado de forma tan débil y precaria que en caso de una nueva crisis volverían a engrosar las filas de los excluidos socialmente. Hoy, el 33,2% de la población vive en un grado de integración social precario, y el 18,4% sufre de exclusión social moderada o severa.

Y en estas condiciones los dirigentes de CCOO y UGT, junto al Gobierno del PSOE, nos presentan el acuerdo al que parece que han llegado como un gran logro.

Solo con la movilización contundente recuperaremos nuestros derechos

En estos meses de gestión, el Gobierno del PSOE está dejando claro que su intención fundamental es la de frenar la presión de la calle y reestablecer la paz social sin cambiar las líneas esenciales de las políticas de ajuste de los Gobiernos anteriores. Para conseguirlo los dirigentes “socialistas” están utilizando todo el poder embaucador que son capaces de desplegar, para lo que, además están contando con la inestimable colaboración de los dirigentes de CCOO y UGT y también de Podemos.

Millones de trabajadores pensamos que hay que decir basta. Somos conscientes de que hay que defender en la calle, con uñas y dientes, las conquistas sociales que tanto nos costó conseguir. Tenemos que poner el país patas arriba. Las burdas maniobras de los dirigentes del PSOE, CCOO y UGT, a las que se han sumado los dirigentes de Podemos, no nos detendrán. Más pronto que tarde retomaremos el camino de lucha que abrió la rebelión social del período 2011-2014 y que hizo temblar los andamiajes del sistema.


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